Perú agradece la detención con preocupación por una rebaja en los delitos que se imputan a Fujimori

 

Agencia EFE

EFE El ex presidente peruano Alberto Fujimori saluda mientras sale custodiado por policías, hoy en Santiago de Chile para ser trasladado a un centro de detención carcelario

El presidente de Perú, Alejandro Toledo, agradeció hoy al gobierno chileno la detención de Alberto Fujimori, en medio de la preocupación de algunos legisladores que creen que la extradición supondrá una reducción de los delitos que se le imputan.

“Quiero expresar mi agradecimiento público a Chile por un primer paso dado”, dijo Toledo en sus primeras declaraciones tras el arresto de Fujimori, quien tras gobernar entre 1990 y 2000 fue detenido anoche en Santiago.

El mandatario se preguntó cómo la Policía Internacional (Interpol) no detectó al ex presidente fugado en las escalas que realizó en distintos países, entre ellos México, antes de llegar a Chile procedente de Tokio.

“Todavía hay interrogantes, pero estamos tratando de poner las piezas del rompecabezas juntas”, aseguró el mandatario.

Afirmó que Perú no va a permitir que Fujimori se burle de la justicia.

“Lo pondremos a disposición de todos los organismos que imparten justicia”, dijo el gobernante, tras calificar al prófugo de “cobarde” por renunciar por fax a la Presidencia del país andino desde Japón.

Asimismo, pidió a los políticos que participarán en la contienda electoral del próximo abril a mantener la independencia de los poderes, mientras que a los fiscales y los jueces les pidió “ser firmes en la lucha contra la corrupción”.

Mientras tanto, una delegación formada por el ministro del Interior, Rómulo Pizarro; y el procurador anticorrupción, Antonio Maldonado; el jefe de la Interpol en Perú, Carlos Medel; y el asesor de la Cancillería para Asuntos de Jurisdicción Internacional, Javier Ciurlizza, partió hoy a Santiago de Chile.

Su objetivo es tramitar la repatriación de Fujimori, que se podría demorar hasta dos meses, según algunos medios locales, pero el vocal supremo instructor que investiga a Fujimori, José Luis Lecaros, confió en que el procedimiento tenga resultados “en el más breve plazo”.

 

 

 

Por su parte, el congresista izquierdista Javier Diez Canseco mostró su preocupación porque a Fujimori, una vez repatriado, sólo se le pueda juzgar por los delitos que se establecen en la solicitud de extradición.

“Esto podría llevar a recortar el ámbito de los procesos que tiene abiertos Fujimori en el Perú y por lo tanto a limpiarlo de determinados casos que no serían materia de juzgamiento”, remarcó.

Díaz Canseco dijo que, ante esta situación, el gobierno chileno debería adoptar “la actitud más simple y más sencilla, que es expulsarlo por ser una persona indeseable”.

Durante los cinco años de estancia de Fujimori en Japón, la justicia peruana envió dos solicitudes de extradición (julio 2003 y octubre de 2004), que tendrán que ser dirigidas ahora a Chile, una por delitos de lesa humanidad y otra por hurto de fondos públicos, delito contra la fe pública y asociación ilícita para delinquir.

Por ahora, la expulsión de Fujimori ha sido excluida porque desde el momento en que la justicia ordenó su detención a petición de Perú el gobierno de Santiago quedó impedido de tomar otras medidas administrativas, aclaró el canciller chileno, Ignacio Walker.

Fujimori afronta en Perú una veintena de procesos penales por delitos de lesa humanidad, usurpación de funciones, contra los poderes del Estado, abuso de autoridad y malversación de fondos, entre otros.

El abogado del ex gobernante fugado, César Nakazaki, también viaja hoy a Santiago para encabezar la defensa de su cliente, que compartirá con un letrado chileno ya que “para ejercer la abogacía hay que estar inscrito en un país”, explicó a EFE.

El ex mandatario peruano contrató los servicios de Nakazaki el pasado mes de abril, fecha en que se inició el proceso de solicitud de nulidad de todos los procesos.

La primera victoria legal tuvo lugar el 19 de octubre, cuando el Tribunal Supremo le absolvió de los delitos de asociación ilícita para delinquir, malversación de fondos y abuso de autoridad en el llamado “Caso Mobetek”, por el que el Fujimori estaba acusado de compras ilegales para el Ejército por 7,25 millones de dólares.

En el momento de contratar los servicios de Nakazaki, el ex presidente hizo pública su intención de concurrir a las elecciones de abril del próximo año.

Su estancia en Chile tenía por objetivo dirigir desde allí su campaña.